Acreedores de Marbar piden que se investiguen los activos de la empresa (Faro de Vigo,27/02/08)

El procurador presentará ante el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra toda la documentación que se le entregó ayer
Las 37 empresas acreedoras del grupo constructivo Marbar de Santa María de Tebra, que se han agrupado para poder cobrar una deuda que ronda los cuatro millones de euros, presentarán esta semana ante el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra una demanda conjunta a fin de que se acuerde el nombramiento de una administración concursal que investigue el activo y pasivo de la empresa deudora Marbar y proponga un convenio para la realización de pagos a los acreedores.El abogado de los empresarios, Carlos Coladas, comunicaba este paso, tras la entrega de toda la documentación al procurador, lo que se realizaba en la mañana de ayer.El mismo colectivo tiene previsto, sobre las 11.30 horas de hoy, la reunión de unos 300 trabajadores de estas empresas, para dirigirse hasta la Praza do Seixo, donde protagonizarán una concentración. Sus jefes, los empresarios, serán recibidos por la alcaldesa Sandra González, a la que informarán de su situación y posibles ayudas a las que puedan acceder para frenar el cierre de las que atraviesan la situación más crítica, agravada al máximo por el caso Marbar, cuyo gerente, Manuel Martínez Barros, permanece desaparecido desde el pasado día 21 de enero, en que se comunicó a los trabajadores del grupo el cierre de la actividad empresarial.Una de las iniciativas probables, todavía por consensuar en el día de ayer por el colectivo de empresarios, era la solicitud a la Consellería de Vivenda de que acepte como viviendas de protección oficial las construidas en A Cañiza, dado que son numerosos los casos de personas interesadas en ellas que se han vuelto atrás en su decisión de adquirirlas.Cobro proporcionalEl convenio para proceder a los pagos de la deuda, propuesto por la administración concursal que se nombre, supone la aceptación por parte de los empresarios de cobrar un porcentaje de la deuda en un tiempo determinado, hasta un máximo de cinco años, tratando incluso de evitar así la liquidación de Marbar.